lunes, 23 de abril de 2012

DESPLAZAMIENTO FORZADO: ESTRATEGIA BIOPOLÍTICA DE LA GUERRA

Lizbeth Alpargatero Ulloa

Mg. Estudios Políticos

22 de agosto de 2008

Abstract

Desplazamiento forzado estrategia biopolítica de la guerra; biopoder de los actores armados sobre la población, geopolítica de la guerra; sociopatías relacionadas con el desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado como problema polinomial del Estado. Política de Eu praxen: eliminación de las causas del desplazamiento

El desplazamiento forzado en el país tiene al menos dos perspectivas de análisis complejo: Por un lado, el desplazamiento es una estrategia biopolítica de guerra y por el otro es un problema polinomial para el Estado. Dichas perspectivas de análisis se abordan a continuación a partir de un enfoque crítico de lo que hasta el momento ha venido siendo el “tratamiento médico” del desplazamiento forzado por parte del Estado, el cual se considera no solamente insuficiente sino generador de otros problemas de complejidad creciente.

Desplazamiento forzado: estrategia Biopolítica^¹ de la guerra:

Desde el inicio del conflicto armado, sus actores consideraron a la población civil, mayoritariamente campesina, indígena y afrocolombiana y al ámbito geográfico donde se asentaban, como objetivos prioritarios, sin cuya captación o control sería imposible el triunfo militar.

El desplazamiento interno de la población civil se constituye en una estrategia biopolítica de control poblacional y territorial que se expresa en:

Bipoder de los actores armados sobre la población: La coacción para el ingreso a alguno de los bandos en conflicto (las fuerzas del Estado, las fuerzas subversivas, o las fuerzas paramilitares).

Geopolítica de la guerra: La coacción para entregar territorios geoestratégicos que conlleven a la consecución de los fines de la guerra y de su financiación. Tras la violencia en algunas partes están megaproyectos, extracción de madera y recursos mineros que también están contribuyendo al ecocidio.^²

En el primer caso las personas se ven abocadas a aceptar la militarización de su vida cotidiana y en el segundo caso se ven abocadas al desarraigo, a la pérdida de su relación social, cultural y ambiental con el territorio y su comunidad.

Las estrategias de control que son utilizadas hoy en día por actores armados son las mismas que el Estado desde su configuración como Estado moderno ha utilizado dando lugar a lo que Foucault denomina una “estatización de lo biológico”: poder que sobre el hombre se ejerce en tanto ser viviente.

La diferencia entre las estrategias estatales y paraestatales radica en los conceptos de legalidad e ilegalidad, legitimidad e ilegitimidad que sustentan la definición de Estado desde el derecho y la sociología. En otras palabras, el Estado por definición se concibe como un fin en sí mismo, como un aparato contenedor dentro del cual todo es posible (esfera de la legalidad) y fuera del cual nada es posible (ilegalidad). De manera que para el Estado la estatización de lo biológico es una estrategia legal cuyo uso es monopólico por definición y todo otro actor que pretenda utilizarlo es enemigo y por tanto sujeto de control, regularización y por esta vía aniquilación y desaparición.

En ese contexto la guerra contra el enemigo, se hace legítima y por extensión, la guerra que el enemigo dirige hacia el Estado es ilegítima. Sin querer ahondar demasiado, lo cierto es que estos conceptos son los que configuran un tipo de biopoder y más aún un tipo de política caracterizada por una construcción mecanicista de la vida en donde la subordinación, la negación de la diferencia y la violencia son los cimientos del Estado.

La tecnología del poder sobre la vida, posible mediante los métodos disciplinarios y regularizadores, es utilizada también por los actores armados organizados retándole al Estado su poder monopólico sobre los mismos. En consecuencia la manipulación al individuo, a la población y al territorio tiene como fin su moldeamiento como fuerzas útiles y dóciles a la vez. El desplazamiento forzado en ese sentido es una estrategia de control útil y dócil a la guerra.

Ahora bien, la dominación y la totalización ya no son exclusivas del Estado. Las fuerzas contra -estatales y para-estatales lo asumen también como propias y generan dinámicas de violencia sistemática y degradada en donde la población civil inerme es gravemente afectada. Lo anterior, porque la vida de campesinos, indígenas y negros se encuentran en constante riesgo, sufren violaciones a sus derechos humanos y son obligados por fuerzas legales e ilegales a desterritorializar para contribuir con causas militares y políticas no necesariamente compartidas, ni consentidas.

Por su parte, el territorio y el medio ambiente se ven agotados por prácticas de extracción por los diferentes grupos, que aunque se hagan desde los actores subversivos (quienes aparentemente combaten el capitalismo) no escapan a dinámicas de producción y acumulación eminentemente capitalista, ahora desde la producción de la Coca, su procesamiento y comercialización atentando contra la sostenibilidad del medio ambiente y de la vida misma.

El Estado que actualmente en lo teórico y discursivo es un Estado Social de Derecho, en la práctica funciona eminentemente como un Estado de derecho, en el cual la vida y el cuidado de ella, no son fines primordiales; por cuanto el Estado sólo se conoce y se sabe así mismo. Desde esta óptica, el principal agente violador de los derechos humanos es por definición es el Estado dado que su fin consiste en acabar a su enemigo, en eliminarlo, creyendo liberar a su pueblo de una plaga que paradójicamente utiliza sus mismos mecanismos y tecnologías de poder desde la “ilegalidad”.

Desde tal moralismo político maniqueo se pretende respetar los derechos humanos, pero en realidad sus acciones no llevan más que al desconocimiento de la vida y a su aniquilación. En consecuencia y reafirmando lo dicho el Estado es el principal agente violador de los derechos humanos en tanto que el fundamento de los demás derechos es la vida misma y desde el concepto de biopoder la administración de la vida y la muerte es lo que tiene relevancia.^³

Dicho lo anterior, el Estado colombiano se encuentra soportando unas sociopatías las cuales demuestran que el problema de la guerra y la violencia no se resuelven fortaleciendo aun más el concepto de Estado de derecho, por cuanto el mismo es de entrada una enfermedad, por lo tanto ella misma no puede ser su propia solución.

Formas de sociopatías^⁴:

Las acciones u omisiones por parte del Estado (fuerzas de seguridad, organismos de control, supervisión y administración de justicia, organos legislativo y ejecutivo, etc., así como sencillamente el trabajo cotidiano de los funcionarios de la administración pública.

Acciones de parte de organizaciones paraestatales, de la delincuencia común y de sectores militaristas en general con políticas y planes diversos –llamados de tipo A y B o para cada acción en particular- que se traducen en la amenaza y la destrucción de la vida, de la vida humana, pero también de la vida en general. (las aguas, la fauna la flora.

Las políticas de algunos gobiernos extranjeros que con el apoyo de fumigaciones químicas atentan contra amplios sectores humanos produciendo deformaciones genéticas, pero también contra la fauna y la flora…

En ese orden de ideas el desplazamiento forzado es para los diferentes actores armados una estrategia de biopoder que confina, desplaza, controla, regulariza y administra según sus fines militares y geopolíticos. Para ninguno de los actores existen fines loables que trasciendan el biopoder al que Estado ya nos tenía acostumbrados desde su creación.

Desplazamiento Forzado: Problema polinomial para el Estado

La vida desde la Biopolítica y no desde el biopoder es un concepto amplio y no escindido del conjunto de relaciones complejas y dinámicas entre el hombre, la naturaleza y el territorio. El desplazamiento forzado, más allá de una definición jurídica es para la población la ruptura abrupta e irreversible de dichas relaciones. Sin embargo, la respuesta del Estado a esta situación se ha dado desde una “Política Medicalizada para la Atención a la población desplazada”.

Es decir, el problema del desplazamiento forzado abordado tal y como lo aborda la ley 387 de 1997, el decreto 250 de 2005 y demás decretos reglamentarios, se realiza como un problema de Politiké^⁵ y no de Politeia; no en vano le denominan la Política Pública de atención al desplazado; en otras palabras, le otorgan un carácter polinomial. Se pretende darle solución al desplazamiento forzado descomponiendo y segmentando el problema de la atención del Estado. Desde esta lógica se concibió el problema de la atención como un problema de las siguientes fases a saber: Prevención y protección, Atención Humanitaria de Emergencia y Estabilización socioeconómica.

Se partió del presupuesto de que con el tránsito de la población por cada una de las fases de atención se lograría la superación de la situación. Pero en realidad toda la normatividad que hasta la fecha se ha producido no ha tenido en cuenta la solución a las causas estructurales del desplazamiento forzado. Por consiguiente es posible afirmar que la respuesta al problema del desplazamiento forzado se realiza a partir de una política medicalizada de la atención con un énfasis eminentemente curativo y no preventivo y a partir de análisis anacrónicos.

Lo anterior se comprueba en el hecho que desde que se creó la ley en al año 1997 hasta la fecha no se conoce ningún caso de personas desplazadas que hayan superado la situación del desplazamiento forzado. Al contrario la violación sistemática a sus derechos fundamentales luego del desplazamiento llevó a que en el año 2004, la Corte Constitucional mediante sentencia T-025^⁶ declarara un Estado de Cosas inconstitucional -ECI-. Hoy en día el ECI no se ha superado y justamente, en el período en el cual aparentemente se han presentado los mayores logros desde el punto de vista militar de la política de seguridad democrática (Que claramente se enmarca en el biopoder que estructura el Estado de Derecho), las cifras de desplazamiento forzado son por decir lo menos, escandalosas.

Según el informe presentado por el ACNUR el pasado 17 de junio del 2008, en el mundo hay once millones de refugiados por fuera de sus países y 26 millones de desplazados internos por causa de conflictos o persecución. Colombia, de acuerdo con el informe citado, ocupa el tercer lugar (552.000 refugiados en el exterior), después de Afganistán (tres millones) y de Irak (dos millones). En desplazamiento forzoso interno ocupa el primer lugar, con tres millones de nacionales desplazados, a Colombia le sigue Irak, con dos millones cuatrocientos mil, y la República Democrática del Congo, con un millón trescientos mil desplazados internos.^⁷

Por su parte, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES, registra que durante el primer trimestre de 2008^⁸, con ocasión del conflicto armado interno, fueron desplazadas 113.473 personas (recepción), 17.817 personas más con relación al primer trimestre de 2007 (191.313 personas aproximadamente), lo que representa un incremento del 18%. El país no registraba una cifra tan alta para un trimestre desde 1999. Esto significa que en los primeros tres meses del año un promedio de 1.256 personas por día fueron desplazadas en flujos migratorios forzados que llegaron a 510 municipios de 32 departamentos del país.^⁹

Con corte a 30 de junio de 2008 Acción Social mediante su registro reporta que se han desplazado 581.928 hogares es decir 2.577.402 personas.^¹⁰. Como se observa en las estadísticas de Acción Social cada vez más nos acercamos a los tres millones de personas desplazadas que reporta CODHES y ACNUR, aun cuando los Sistemas de Información son diferentes las cifras de cada una de las partes resulta alarmante^¹¹. Bogotá sigue uno de los principales receptores de población desplazada. Para el caso de Bogotá han quedado registrados 56.764 hogares lo que corresponde a 216.043 personas según las estadísticas de Acción Social con corte a 30 de junio.

Este breve diagnóstico a partir de cifras devela en alguna medida la gravedad del problema. Pero lo cierto es que las cifras en sí mismas no explican el drama humano por el cual atraviesan las personas una vez llegan a mega ciudades como Bogotá.

La politiké de atención al desplazamiento forzado, transfirió la carga de la demostración al individuo, pero paradójicamente lo denomina sujeto de derechos. Así como en las diferentes sociedades existía un tipo de ciudadano funcional al sistema político^¹², actualmente el Estado de derecho crea el sujeto de derechos. Pues bien, el desplazado que llega a Bogotá, que muchas veces ni siquiera en sus territorios se relacionaban políticamente a partir del concepto de ciudadano sino a partir de otras categorías, empiezan a ser considerados y tratados como sujetos de derechos y deben aprender toda una técnica de la atención cuya complejidad de procesos y procedimientos desborda la capacidad de resiliencia del ciudadano.

En ese contexto, el ciudadano que aunque en términos legales es atendido como desplazado haciendo caso al principio de buena fe que yace en toda la legislación pero que en la técnica se contradice, debe demostrar que en efecto es desplazado por las razones de ley. El individuo es sometido a realizar trámites de vía gubernativa, en los casos en los que en primera instancia el Estado les ha negado su inscripción en el registro único de desplazados. Esta es una de las principales violaciones a los derechos humanos porque el Estado, que como se vio en el acápite anterior es actor armado que genera desplazamientos forzados, es el mismo que pide la carga de la demostración del hecho. Tal circunstancia devela la asimetría de las relaciones de poder con los ciudadanos. Este último es sujeto de derecho no por su valor intrínseco, sino por su capacidad de sujeción.

El desplazado además de demostrar su condición, con todo el efecto psicosocial que ello conlleva, debe asumirse como un sujeto dependiente de la asistencia. El Estado no solamente no fue capaz de garantizarle la protección de su vida en su lugar originario, sino que además, cuando busca protección en otros lugares encuentra una biopolítica de la desesperanza, del no futuro. Los obliga, no por la fuerza física sino por la fuerza de las circunstancias, a depender del presente^¹³, de la asistencia no siempre resolutiva de la emergencia. No existen dinámicas de producción, empleabilidad estabilización que permitan a las personas garantizarse condiciones de vida dignas. Así las cosas, se enfrentan a contextos sociales en donde la estigmatización, la marginalización, la exclusión terminan siendo rutas de vida sin mayores opciones de trascendencia.

POLITICA DE LA VIDA: ELIMINACIÓN DE LAS CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO, APERTURA Y DIALOGOS DE LAS DIFERENCIAS.

“La política no es la búsqueda de un ideal y tampoco el estancamiento en la tradición. Es una actividad viva, adaptable, flexible y conciliadora. La política es la forma de gobierno de las sociedades libres. La política es política y las otras formas de gobierno son otra cosa.” (Crack; 2000;61)

Queda demostrado que el Estado se ha equivocado en la atención a los desplazados desde el enfoque técnico que ha utilizado. Por un lado, porque la población que viene siendo desplazada desde 1997 no ha superado su situación de desplazamiento, ha sufrido desplazamientos segundos y terceros e incluso intraurbanos, los ha victimizado doblemente al sujetarlos a la polítike del presente, es decir a la asistencia y a la dependencia. Por otro lado, porque las causas que originan el desplazamiento no han sido eliminadas, la política de seguridad democrática que aparentemente devolvería la paz a Colombia, profundizó el concepto de Estado de derecho, Estado contenedor, que sólo se sabe así mismo y por fuera del cual nada es posible. Los logros que se obtuvieron con la constitución del 91 en términos de la configuración de un Estado Social de derecho, han sido paulatinamente desmontados. Cada vez más el problema del desplazamiento es menos un problema del Estado nacional y más un problema de los gobiernos locales, que a su vez tienen menos transferencias de la nación, y afrontan problemáticas de pobreza estructural que degradan aun mas la vida de los que eufemísticamente se han denominado sujetos de derecho.

Ante este panorama, la propuesta es la biopolítica en la acepción positiva del término. La política como técnica o lo que se conoce como política pública no es mas que un pleonasmo. La realidad social del país requiere abordar las problemáticas no desde las consecuencias, sino de las causas, como problemas de complejidad creciente, es decir como problemas no polinomiales. Por lo tanto no es posible una política de la vida sin análisis diacrónicos, sin proyectar el presente y sin imaginar el futuro, claro está un futuro de esperanza de evolución de desarrollo social y no solamente de progreso económico. Sólo en esa medida es posible trascender a la POLITEIA, a la supresión de la violencia, y conseguir así no solamente el respeto a la vida, sino el respeto a una buena vida: Eu praxen; de la cual derivaran los demás derechos humanos a partir de una praxis del reconocimiento y la aceptación de la contradicción.

Los derechos humanos (= la vida) son algo que los seres humanos construyen mancomunadamente y en medio, justamente de diferencias, contradicciones y oposiciones y de acuerdos, al lado de acuerdos, pactos tratados, alianzas y cooperación. Esta construcción no es otra que la del mundo mismo –el mundo en sus múltiples y diferentes culturas. Comunidades historias en fin, con la diversidad cultural, al mismo tiempo y en paralelo, con la idea de proyectos integradores, globales unificantes.”(Maldonado; 2003;138)

BIBLIOGRAFÍA:

Broswimmer, F. J., (2005). Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de las especies. Pamplona: Laetoli

CEICON. Observatorio de los pueblos indígenas. Revista Etnias y Política diciembre de 2005.
Crick, B., (2000). En defensa de la política. Barcelona: Tusquets

Foucault, M., (2000). Defender la sociedad. México: F.C.E.

_________(1990) Tecnologías del Yo. España. Paidos.

Maldonado, C. E., (2003). Biopolítica de la guerra. Bogotá: Siglo del Hombre

Villa,William; Houghton, Juan. (2005) Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 1974-2004. Centro de cooperación al indígena. Organización indígena de Antioquia. Bogotá

www.codhes.org. Consultado el 14 de Julio de 2008. “Informe CODHES sobre desplazamiento 2008. ¿Cohesión o fragmentación social

www.eltiempo.com. Refugiados y desplazados. Columna de opinión Enrique Santos Molano. Consultado el 14 de Julio de 2008

www.accionsocial.gov.co./Estadisticas/publicacion%20junio%2030%20de%202008.htm El día 14 de julio de 2008

1 “La política lo abarca todo. Pero desde un punto de vista muy singular. Los hombres y las cosas son contemplados desde sus relaciones: la coexistencia de los hombres en un territorio, sus relaciones de propiedad, lo que producen, lo que se intercambia sobre el mercado. También se interesa por la forma en que viven, por las enfermedades y los accidentes a los que se exponen.” (Foucault;1990; 131)

2 La geopolítica de la guerra ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y afro colombianas que en el marco de la estrategia de desterritorialización han tendido que abandonar su proyecto político alternativo de autonomía. A este respecto Villa y Hougthon afirman: a manera de tesis se puede enunciar que a la construcción de una territorialidad colectiva y de tipo étnico, tanto de origen indígena como afrocolombiano, que se venía fraguando a lo largo del pacífico, se opone la territorialidad de corte privado que se sustenta en la militarización con base en fuerzas paraestatales o en su defecto la territorialidad construida como expresión contra estatal, de tipo insurgente, pero que igualmente evoluciona, en función de ejercer control de territorios asociados a la comercialización de coca o de corredores para el abastecimiento militar, o de áreas estratégicas en el proyecto de dominio territorial del que participan los diferentes actores. (Villa y Houghton; 2005, 137)

3 Al respecto Foucault sostiene en la siguiente cita: “… Desde el punto de vista de la vida y la muerte, es neutro y corresponde simplemente a la decisión del soberano que el súbdito tenga derecho a estar vivo o, eventualmente, a estar muerto. En todo caso la vida o la muerte de los súbditos sólo se convierten en derechos por efecto de la voluntad soberana.” Foucault. Clase del 17 de Marzo de 1976

4 Tomado de Maldonado, Carlos. En Biopolítica de la Guerra. Siglo de hombres editores 2003

5 A ese respecto comparto la postura de Crik que sostiene: “En los regímenes políticos, quienes aplican el estilo de pensamiento tecnológico al ejercicio del gobierno pasan por alto los mecanismos políticos que hacen que algunas cosas se planteen como problemas y otras pasen inadvertidas y se consideren irrelevantes. La política define lo que los habitantes de un Estado consideran problemas que deben resolverse. Quizás algunos no tengan solución, pero es una desgracia que tantos expertos o técnicos a quienes se acude para intentar solucionar algunos de ellos crean conocer mejor las prioridades que deben concederse a esos intentos y sientan que la política obstaculiza, en lugar de despejar, el camino para que ellos puedan hacer uso de sus técnicas.” (Crik; 2000; 123)

6 Luego de esta sentencia se han proferido autos que la desarrollan y establecen tiempos perentorios para el cumplimiento de las órdenes de la sentencia. En el presente año se han expedido los siguientes autos de cumplimiento: auto 200 relativo al tema de seguridad y protección de lideres y personas amenazadas; auto 052 relativo a los deberes de los entes territoriales en la atención al desplazamiento forzado; auto 092 que establece la realización de 12 programas para mujeres desplazadas teniendo en cuenta su particular afectación. El auto 116 que establece los indicadores de goce efectivo de derechos. Adicionalmente, se expidió la ley 1192 de 2008 que declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de la población desplazada. Allí se establece con más fuerza la responsabilidad de los entes territoriales en la atención al desplazamiento en términos de coordinación, pre4supuestación, ejecución y al nivel nacional de otorga el papel de evaluador.

7 Tomado de www.eltiempo.com. Refugiados y desplazados. Columna de opinión Enrique Santos Molano. Consultado el 14 de Julio de 2008

8 Información tomada de www.codhes.org. Consultado el 14 de Julio de 2008. “Informe CODHES sobre desplazamiento 2008. ¿Cohesión o fragmentación social?

9 Este mismo sistema registra que los departamentos de mayor recepción de personas en situación de desplazamiento fueron: Antioquia (24.652), Bogotá (20.630), Arauca (7.874) y Meta (7.660), Bolívar (4793), Cauca (4092), Valle del Cauca (3696), Córdoba (3633). Alrededor de 27.216 personas se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen de manera masiva en 28 eventos de éxodo. Esto quiere decir que del total de personas desplazadas un 24% salieron de forma masiva. Los Departamentos afectados por desplazamientos masivos fueron: Antioquia con 6 éxodos, Arauca 4, Chocó 3, Nariño 3, Córdoba 2, Cauca 3 y Guaviare, Meta, Huila, Putumayo, Tolima, Vichada y Cesar con un evento respectivamente. Los hechos que provocaron el desplazamiento fueron principalmente las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito en el marco de operativos militares, el reclutamiento forzado, la instalación de minas, la presencia de grupos paramilitares en 17 departamentos del país, los intensos combates entre el Ejército y la guerrilla de las Farc que incluyen bombardeos y uso de armas de efectos indiscriminado, así como los enfrentamientos entre las Farc y el Eln en algunas regiones del país. Los Departamentos de mayor expulsión fueron: Vichada, Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Tolima, Caquetá, Magdalena, Valle del Cauca, Meta, Caldas y Nariño.

10 Información consultada en www.accionsocial.gov.co./Estadisticas/publicacion%20junio%2030%20de%202008.htm El día 14 de julio de 2008

11 Por parte de la cifras de Acción Social hay que decir que allí sólo queda registrado los hogares incluidos en el SIPOD, es decir aquellos que accedieron a la ruta de atención a partir de la declaración ante el Ministerio Público y que pudieron acceder a la ruta de vía gubernativa, en los casos en que en primera instancia fueron no incluidos.

12 Todas las culturas y todas las doctrinas de gobierno que las acompañan crean alguna imagen del tipo de ciudadano que más necesitan y valoran. El hombre de la polis griega tenía al héroe, el hombre de arete, el que actuaba con valentía y hablaba con prudencia en el ámbito público; el primer cristianismo tenía al santo hombre humilde, sufrido y espiritual. La cristiandad medieval tenía al caballero y al sacerdote, idealmente fundidos en el cruzado o el miembro de una orden de caballería. En la actualidad los ingleses están divididos en el gentleman y el hombre de negocios.. (Crick; 2000;106)

13 Es bastante inquietante cómo en los últimos tiempos cuando la población desplazada intenta organizarse y tomar vías de hecho para exigir derechos, el Estado termina curando aparentemente la enfermedad con la entrega de ayudas de emergencia, dejando sin solucionar los problemas estructurales de estabilización económica y de protección de los factores de desplazamiento que aun están en presentes en las ciudades y que los pueden llevar a segundos o terceros desplazamientos. En el caso del Gobierno nacional, la otra opción es la criminalización de la protesta.

A propósito de "El sublime objeto de la Ideología". SLAVOJ ZIZEK. Siglo XXI editores. 1992. pág 11-86

Cita textual. “La ideología no es una ilusión tipo sueño que construimos para huir de la insoportable realidad; en su dimensión básica es una construcción de la fantasía que funge de soporte a nuestra “realidad”: una “ilusión” que estructura nuestras relaciones sociales efectivas, reales y por ello encubre un núcleo insoportable, real, imposible (conceptualizado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe como antagonismo: una división social traumática que no se puede simbolizar). La función de la ideología no es ofrecernos un punto de fuga de nuestra realidad, sino ofrecernos la realidad social misma como una huida de algún núcleo traumático, real.” Parte Primera el Síntoma Página. 76..

Zizek presenta al psicoanálisis Lacaniano como la única teoría psicológica que contiene una noción del sujeto[1] compatible con la noción que plantea el materialismo histórico de Marx. El Psicoanálisis parte del concepto de “sujeto” para entender la configuración del concepto de ideología en el contexto histórico de la modernidad en las sociedades capitalistas. Tanto en el Psicioanálisis como en el materialismo histórico la interpretación se convierte en elemento fundamental para la comprensión del fenómeno político.

Uno de los principales planteamientos del psicoanálisis consiste en que el sujeto se encuentra escindido: el sujeto es el sujeto de una falta. Significa que afronta una contradicción interna que se manifiesta en alguna medida pero que es castrada. En relación con los sujetos individuales, esto es el ser humano, a través de los sueños se expresan un contenido manifiesto, un contenido latente y contenido articulado al deseo, que solo a través del ejercicio interpretativo develan la contradicción interna que se ha ocultado bajo la nominación de un sujeto como identidad aparentemente unívoca. Estas contradicciones en el individuo llegan a generar comportamientos o enfermedades de tipo psicológico o psiquiátrico (neurosis), presentando “síntomas”, cuya “medicina” para su curación solo se puede encontrar en el trabajo con métodos como los planteados por Freud (Hipnotismo, cura analítica) basados en la teoría del Inconsciente.[2] Esta misma argumentación es compatible con el materialismo histórico según el cual el capitalismo se erige sobre un sujeto, esta vez ya no individual sino colectivo que corresponde al Estado capitalista, afrontando una contradicción o mejor aun una escisión del sujeto: Estado y Sociedad Civil. Estos conceptos se interpretan a la luz no solamente de su significado nominal o literal sino a través del análisis de los elementos que configuran la construcción de significados que de ellos se hace y del significante latente o no explícito castrado. En otras palabras, así como en los sueños yace un mensaje reprimido que para su cura requiere interpretarse en el capitalismo yace un mensaje reprimido que explica el síntoma que aflora ante la contundencia de la contradicción y que para “curarse” requiere de deconstruirse- o reconocerse como tal, ya que en palabras del autor no es posible resolver ninguna cuestión en particular sin resolver la cuestión fundamental que plasma el carácter antagónico de la totalidad social.

Ahora bien, al no aceptar la contradicción interna de toda identidad se corre el riesgo del totalitarismo en virtud del cual se han realizado y legitimado toda una serie de conductas denigrantes de la dignidad humana enalteciendo valores supuestamente universales y obligando al resto a asumirlos como propios y como única verdad absoluta. Zizek en el marco de estas premisas no solamente introduce los conceptos del psicoanálisis sino que reactualiza la dialéctica Hegeliana con dichos conceptos con el fin de demostrar que no existe una solución final que la tesis y la antítesis son partes constitutivas del sujeto como ente genérico.[3]

Según estos argumentos, la ideología entonces también se encuentra incompleta. Aparenta representar valores universales y absolutos pero estos no son más que una ilusión de la realidad y esto es lo que se presenta en el texto como síntoma. Desde la perspectiva de Lacan señala Zizek, Marx inventó el síntoma detectando una asimetría que desmiente el universalismo de los derechos y deberes burgueses. El valor universal ideológico capitalista que aduce que el intercambio es equivalente y equitativo y en particular el intercambio de fuerza de trabajo por salarios es justo y enaltece la libertad, contrasta con la realidad que manifiesta la explotación y con ello la enajenación del ser humano en el esquema de producción capitalista. Ante esta contradicción el socialismo utópico ofrece una posibilidad de universalidad sin su síntoma. Para Marx, el elemento irracional de la sociedad era el proletariado, es decir la sin razón de la razón misma.[4] Lo anterior significa que la razón la constituye el sistema de producción capitalista y el proletariado es la sin razón producto de esta misma razón.

Afirma el autor que “la ideología no es simplemente una falsa conciencia, una representaron ilusoria de la realidad, es más bien esta realidad a la que ya se ha de concebir como ideológica”. Ideológica es una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia, es decir la efectividad social, cuya misma reproducción implica que los individuos no sepan lo que están haciendo. Ideológica no es la falsa conciencia de un ser social sino este ser en la medida en que está soportado por la falsa conciencia.” (P. 47) A partir de esta comprensión de la ideología como una realidad que se conoce de manera incompleta Zizek define el Síntoma justamente como una formación cuya consistencia implica un cierto no conocimiento por parte del sujeto: el sujeto puede gozar su síntoma solo en la medida en que su lógica se le escapa y la medida de éxito de la interpretación de esa lógica es precisamente la disolución del síntoma.

Con el capitalismo el lugar del fetichismo ha virado simplemente de las relaciones intersubjetivas a las relaciones entre cosas. En otras palabras la relación ya no se sustenta únicamente entre sujetos (relaciones interpersonales) sino entre objetos que en el capitalismo son los que se constituyen en los medios y objetos de producción.[5] En este lapso la ideología ya no se concibe solamente como la falsa conciencia sino que transita a lo que en el texto se denomina una falsa conciencia ilustrada: la razón cínica. “Ellos saben muy bien lo que hacen pero aun lo hacen”. En ese orden de ideas, el nivel fundamental de la ideología, no es el de una ilusión que enmascare el estado real de las cosas sino el de una fantasía (inconsciente) que proyecta y define nuestra propia realidad social. [6]

En conclusión la ideología no es una ilusión para escapar a la realidad; en su dimensión esencial es una construcción de la fantasía (fetiche) que funciona de soporte a nuestra “realidad”. Dicha fantasía estructura nuestras relaciones sociales efectivas, reales y por ello encubre un núcleo insoportable, real, imposible que es una división social traumática que no se puede simbolizar. De esta manera, se invierte el análisis y la función de la ideología ya no es ofrecernos un punto de fuga de nuestra realidad, sino ofrecernos la realidad social misma como una huida de algún núcleo traumático, real.

Recogiendo, el sujeto no es simplemente un mero hecho nominal[7] (asignación de un nombre a un sujeto pre-constituido) sino que se configura a partir de la construcción discursiva que de este se haga. Con la modernidad la construcción cultural del sujeto, no solamente individual sino colectivo, se planteó a partir de una contradicción interna que era aparentemente superada por la racionalidad y por lo que en su momento Kant denominó los principios categóricos de la Razón. Bajo este presupuesto se proyectó, la unidad de sujeto colectivo conocido en la antigüedad como comunidad política hacia la escisión del sujeto en Estado y sociedad civil en el marco de un desarrollo histórico capitalista y en el terreno individual una división entre el yo y el ello, entre la conciencia y el inconsciente.

Estos conceptos en la actualidad tienen una trascendencia en el análisis político de las sociedades capitalistas globalizadas, las cuales están enmarcadas dentro de una lógica de administración total que entrelíneas dejan ver los elementos de un totalitarismo postmoderno sustentado en la negación de la contradicción. Lo paradójico de la administración total es que plantea de antemano el problema de lo colectivo y lo subjetivo, que resuelven con la universalización e imposición de valores occidentales. El sujeto entonces aun conociendo su papel en sistema capitalista lo mantiene y simplemente crea un fetiche de consumo una fantasía que le permita paliar el síntoma de la contradicción interna. Sin embargo, con las nuevas tecnologías de poder este individuo aun sabiendo, aun conociendo, cada vez más está expuesto a formas sutiles de imposición ideológica que alejan cada vez más la fuerza física para el cumplimiento de su cometido. Y en esto los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el inconsciente individual y colectivo.

[1] Para el análisis del concepto de sujeto se recogen los conceptos planteados por Habermas, Foucault, Althueser y Lacan. Para el primero de ello el sujeto se entiende a partir de la ética de la comunicación, la versión filosófica del lenguaje del antiguo sujeto de la reflexión trascendental. Para Foucault radica en la estetización de la ética, cada sujeto ha de construir su propio modo de autodominio y armonizar los antagonismos de su interior. Para Althuser el sujeto como tal se constituye por medio de un reconocimiento falso: el proceso de interpretación ideológica por medio del cual el sujeto se reconoce como el destinatario del llamamiento de la causa ideológica implica necesariamente un cortocircuito…En contraste con esta ética de la enajenación en lo simbólico, podríamos designar a la ética que implica el psicoanálisis lacaniano como la de la separación. Ver introducción. p. 24-25

[2] El sueño esta compuesto por tres partes: El texto del sueño manifiesto, el contenido del sueño latente y el deseo inconsciente articulado al sueño.

[3] La dialéctica Hegeliana lejos de ser una historia de superación progresiva, es una anotación sistemática del fracaso de la solución final. El conocimiento absoluto denota una posición subjetiva que finalmente acepta la contradicción como condición interna de toda identidad. ver p. 29.

[4] Para el marxismo el interés de una clase se disfraza universal y eterno de la condición humana y la meta de la critica de la ideología es denunciar esta falsa universalidad, detectar tras el hombre en general al individuo burgués, tras los derechos universales del hombre la forma que hace posible la explotación capitalista, tras la familia nuclear la forma limitada de relación

[5] Las relaciones sociales cruciales las de producción ya nos son inmediatamente transparentes en la forma de las relaciones interpersonales de dominio y esclavitud (Amo y sus siervos) sino que se disfrazan – para valernos de la precisa fórmula de Marx- “bajo la forma de relaciones sociales entre cosas, entre los productos de trabajo” P. 53.

[6] En el marxismo, un fetiche oculta la red positiva de relaciones sociales en tanto que para Freud, un fetiche oculta la falta (castración) en torno a la cual se articula la red simbólica. 81

[7] En el prefacio realizado por Ernesto Laclau. Se explican dos corrientes que en el análisis político conviene tener en cuenta para entender el concepto de sujeto. Los descriptivistas y los anti descriptivistas. “La contienda entre descriptivistas y antidescriptivistas gira en torno a la pregunta de cómo los nombres se refieren a los objetos. Según los descriptivistas el vínculo es el resultado del significado de un nombre, es decir, cada nombre implica un cúmulo de rasgos descriptivos y se refiere a aquellos objetos en el mundo real que exhiben esos rasgos. Para los antidescriptivistas por otra parte, el nombre se refiere al objeto por medio de lo que ellos llaman un “bautismo primigenio, en el que el nombre sigue refriéndose a ese objeto aun cuando todos los rasgos descriptivos del objeto en el momento de su bautismo hayan desaparecido. Al igual que yo Zizek está del lado de los antidescriptivistas”. (p.16)

INTRODUCCIÓN AL TEXTO:

LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA: UNA VISIÓN DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO*

Editorial Universidad del Rosario.

*Lizbeth Alpargatero Ulloa

Magistra Estudios Políticos

Junio 2011

Introducción

El desarraigo de millones de personas es una de las más graves tragedias humanitarias de los últimos tiempos. Algunos se han visto obligados a salir de sus territorios y asentarse en lugares completamente ajenos a sus modos de vida, y otros, a cruzar las fronteras de su país, en circunstancias de extrema precariedad. La situación en el mundo es, por decir lo menos, alarmante. El informe del 2010 de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expone:

A finales de 2009, aproximadamente 43,3 millones de personas en todo el mundo fueron víctimas del desplazamiento forzado por conflictos o persecución, la cifra más elevada desde mediados de los años 90. Esta cifra incluye a 15,2 millones de refugiados 27,1 millones de desplazados internos y cerca de 1 millón de personas cuyas solicitudes de asilo todavía no habían sido resueltas a finales del periodo que recoge este informe.[1] (2010: 2)

Según el mismo informe, “Colombia, que comenzó a registrar a los desplazados internos en 1997, actualmente tiene un total de 3,3 millones de desplazados internos” (ACNUR, 2010: 25). La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), fuente oficial del país, registra 3.700.381 personas en situación de desplazamiento, y el 2002 es el año que registra el mayor número de víctimas.[2] Para la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), “durante el periodo 2002-2009 la cifra de desplazados asciende a 2.412.834 personas. Esto quiere decir que de un total aproximado de 4.915.579 personas que han sido desplazadas en los últimos 25 años en Colombia, el 49% fueron expulsadas de sus tierras desde que se inició el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez” (2010: 1 ).

Para responder a tal situación, el país ha desarrollado una política pública para la atención de las víctimas de la violencia, que, si bien ha mitigado la crisis humanitaria, aún no logra resultados exitosos y generalizados de retorno, reparación y estabilización socioeconómica de quienes a la fecha se encuentran registrados. Esta situación es aún más preocupante ante el contexto de permanencia del conflicto armado y de recrudecimiento de la violencia, que evidencia las limitaciones de la política de seguridad democrática y la “desmovilización” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),[3] así como ante el panorama que ha dejado el fuerte invierno del 2010 y del 2011, con la afectación de 3,5 millones de personas.[4]

La multicausalidad e incluso multiescalaridad del problema del desplazamiento no se reduce únicamente a un tema de violencia, sino que, cada vez más, diversas causas pueden confluir y generar, en todo caso, una violación sistemática de los derechos. En el ámbito internacional (liderado por las Naciones Unidas), la confluencia de causas que generan el desplazamiento se enmarca en el concepto emergencias humanitarias complejas.[5] Este concepto se entiende grosso modo como un tipo de crisis humanitaria causada por la combinación de diversos factores: el desmoronamiento de la economía formal y de las estructuras estatales, los conflictos civiles, las hambrunas, las crisis sanitarias, el éxodo de la población o desastres naturales.

El análisis que aquí se presenta observa el fenómeno de desplazamiento en el escenario de conflicto y violencia, pero aportando una interpretación teórica que busca trascender el análisis sistémico clásico y generar uno desde el pensamiento complejo, que se constituye en un trabajo de alguna manera sui géneris, puesto que la mayoría de investigaciones sobre este tema son estudios de caso, balances de política pública o investigaciones de corte jurídico, pero no abundan las aproximaciones desde enfoques teóricos y epistemológicos de los estudios políticos. De esta manera, conceptos como los de biopolítica y entropía se constituyen en unidades analíticas sobre las cuales se presenta la argumentación.

La política pública de desplazamiento forzado, cuya creación se formalizó con la Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios, es una política sistémica. En su diseño existe una estructura de Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD), el cual puede caracterizarse como lineal, por cuanto estableció un proceso de atención en fases. Al final del tránsito por cada una de ellas —prevención y protección, atención humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica— se esperaba que las víctimas superaran la situación de desplazamiento forzado.

Sin embargo, el desarrollo normativo, que inicia incipientemente a partir de 1995, se desarrolla y formaliza con la Ley 387 en 1997 y se amplía visiblemente a partir del 2004, con la participación de la Corte Constitucional en la política pública, no fue ni ha sido suficiente para garantizar el restablecimiento de derechos de las víctimas. La Corte Constitucional identificó graves problemas de coordinación interinstitucional, omisiones de las autoridades competentes en la implementación de leyes, prácticas estatales inconstitucionales, falta de medidas legislativas, administrativas y presupuestales para atender a las víctimas, así como otras fallas sistémicas detalladas en la sentencia T-025 de 2004:

Esta sentencia es el resultado de un cúmulo significativo de tutelas que llevó a la Corte a la expedición de una auténtica macro sentencia por: 1. El tamaño de la población beneficiaria, 2. La gravedad de las violaciones a los derechos que pretende resolver 3. Los numerosos actores estatales y sociales que involucra y 4. La ambición y duración del proceso de implementación de las órdenes del fallo que lleva 6 años y sigue abierto. (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010: 14)

En esta macrosentencia, la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional (ECI) y se evidencia con ello un gravísimo bloqueo institucional en el SNAIPD.[6] Esta declaratoria debía de convertirse en la oportunidad para provocar un cambio en el sistema y, por esta, vía superar el ECI. De hecho, este último no se ha superado, aunque sí han existido cambios significativos en el sistema, más no profundos, en el sentido del desarrollo de un importante modelo de política pública con enfoque de derechos sin precedentes. Este modelo mejoró las condiciones de atención, pero no garantizó de manera real la superación de la crisis humanitaria y la pobreza de las víctimas. De manera que esta declaratoria ha generado un proceso sui géneris de acompañamiento de la Corte Constitucional al poder Ejecutivo en el diseño e implementación de una política integral de atención, situación que ha puesto en el debate actual una controversia acerca de los límites entre las dos ramas del poder.[7]

De cualquier manera, a partir del 2004, se empiezan a expedir, en mayor cantidad leyes, decretos, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y planes de atención. La política pública de atención integral en Bogotá empieza a configurarse bajo las directrices del Plan Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (PNAIPD) (Decreto 250 de 2005).

Dos de las principales ciudades receptoras[8] de población desplazada (Bogotá[9] y Medellín) diseñaron e implementaron los planes integrales únicos. Se activó la figura creada con la Ley 387 de 1997, las unidades de atención y orientación, como espacios de atención humanitaria de emergencia. Paralelamente se desarrolló un amplio marco jurídico y un importante compendio jurisprudencial a partir de los 84 autos de seguimiento de la sentencia T-025 del 2004 y de las catorce audiencias públicas de discusión. El desarrollo de estos autos y audiencias se convirtió en herramientas a través de las cuales se acompañó al Ejecutivo en el diseño e implementación de la política de atención a víctimas de desplazamiento, contando con una amplia participación institucional y de organizaciones de la sociedad civil, así como de organizaciones nacionales de población desplazada.

En la administración “Bogotá sin Indiferencia”, del alcalde Luis Eduardo Garzón (2004- 2007), y en el marco del plan integral único se instalaron cinco unidades de atención y orientación en las principales localidades receptoras de población desplazada y una adicional en la Terminal de Transportes. También se logró la entrega de subsidios complementarios de vivienda, crear un programa de generación de ingresos con recursos de la Unión Europea, aumentar los recursos para la atención humanitaria de emergencia, llevar a cabo la ejecución de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación y extender el programa Familias en Acción. En este período también se instaló un albergue temporal operado por la Cruz Roja colombiana, con recursos de la Secretaría de Gobierno del Distrito.

Desde el punto de vista financiero, el desarrollo de la política nacional y distrital de atención a las víctimas de desplazamiento forzado incrementó de manera muy importante los presupuestos. En el informe de julio del 2010, el Gobierno Nacional solicita a la Corte Constitucional levantar el ECI declarado en el 2004, por considerar que se superaron los factores que motivaron dicha declaratoria.[10] La reacción de las organizaciones nacionales de población desplazada no se hizo esperar, y así como sucedió en el 2007, estas organizaciones expresaron (a propósito de los diez años de la Ley 387 de 1997) un conjunto de limitaciones de la política pública. Así, en el 2010, rechazan el levantamiento del ECI, por considerar que dichas limitaciones continúan, a pesar del esfuerzo presupuestal.

Del lado del Gobierno distrital de Bogotá, de igual forma se incrementaron significativamente los recursos para la atención de las víctimas de desplazamiento. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado es otro actor activo en la actual política de atención a desplazados. Desde la sociedad civil se constituye en “una iniciativa social, que bajo los criterios de independencia y complementariedad, trabaja por los derechos de la población desplazada y realiza el seguimiento a la política pública” (I informe Comisión de seguimiento a la política pública de desplazamiento forzado, 2008).[11] El papel de la Comisión de Seguimiento ha consistido en realizar dos encuestas nacionales de verificación (ENV) de los derechos de la población desplazada. A partir de los resultados de dichas ENV, la Comisión ha presentado 33 informes desde el 2008, en los cuales se analizan tales encuestas y se presentan recomendaciones de política pública, considerando las fases de atención y los sistemas de derechos vulnerados.

Así, este documento se ubica en este contexto de ECI y considera los siguientes actores sociopolíticos: el Estado (en sus ramas Ejecutiva y Judicial, gobiernos nacional y distrital y Corte Constitucional), las organizaciones de población desplazada y la Comisión de Seguimiento (que representa a la sociedad civil). El punto de partida teórico se enmarcó inicialmente en el enfoque sistémico, bajo la premisa de que la evolución de la política pública de desplazamiento forzado de Colombia se configuró a partir de una lógica de atención en fases con características sistémicas, toda vez que comprendía el hecho del desplazamiento forzado, por un lado, como un problema de alta relevancia social, al cual el Estado debía dar una respuesta integral, y, por el otro, como un problema de afectación a las víctimas en sus diversos sistemas de derechos.

Desde esa lógica, se requería una política pública que comprometiera en un gran sistema de orden nacional y territorial, unas responsabilidades sectoriales, unas instancias de coordinación interinstitucional, un esquema de participación de las víctimas y un sistema de información que se constituye en la herramienta de focalización de los beneficiaros de la política diferencial del Estado.

En lo teórico, el enfoque sistémico permite, por un lado, interpretar los fenómenos políticos y, por el otro, orientar las políticas públicas, por su comprensión holística de los problemas y la necesidad de respuestas integrales a estos, de manera que, leyendo diversos autores de los estudios políticos que se inscriben en este enfoque, es posible encontrar algunas categorías de análisis para interpretar la política pública de desplazamiento forzado.

Desde una lógica sistémica, la política pública evolucionó, linealmente, y aumentó significativamente los presupuestos, los planes, los programas y los proyectos para esta población; sin embargo, el actual sistema continúa en ECI y persisten las necesidades de la población desplazada. El interrogante que surge entonces es ¿si se continuaran aumentando mucho más los presupuestos de atención, se lograría superar el ECI y la estabilización total y completa de las víctimas? Probablemente este tema no se resuelve exclusivamente desde el punto de vista presupuestal.

Con esta inquietud, se consideró necesario no solamente pensar la política pública desde una lógica sistémica, sino repensarla con otras categorías de análisis que permitan tener una mirada multiescalar del fenómeno, a fin de no caer en respuestas reduccionistas como que ya no es más necesario invertir más recursos, que el fenómeno sólo se resuelve desde el Estado o, aun peor, que los derechos son la suma de las rutas de servicios. Así, se propone pensar el fenómeno desde una postura que supere el problema del desplazamiento como mero un problema lineal de afectación de sistemas de derechos y de respuesta estatal.

Para ello se propone como concepto analítico la tercera ley de la termodinámica: la entropía. La grave afectación a los sistemas de derechos de las víctimas llevó al sistema de política pública a un estado de entropía, denominado desde el punto de vista jurídico como un ECI. Por otro lado, llevó a las víctimas a un estado entrópico evidenciado en la persistencia de la insatisfacción de sus aspiraciones y necesidades, a pesar de recibir, hoy en día, una mejor atención por parte del Estado.

Para este análisis se recurre a una nueva ciencia: la física de los procesos de no equilibrio: “La física del no-equilibrio estudia los procesos disipativos caracterizados por un tiempo unidireccional y al hacerlo otorga una nueva significación a la irreversibilidad” (Prigogine, 2008, 8). En otras palabras, esta nueva ciencia parte de una paradoja central, la paradoja del tiempo
,
que
,
en palabras de Prigogine, traslada a la física el dilema del determinismo, el cual consiste en que si todo acontecimiento es causado por otro acontecimiento, éste puede ser predecible; sin embargo, el sentido común atribuye a los seres humanos las posibilidad de elegir entre múltiples opciones.

Esta tensión ha puesto la discusión del tiempo —por lo tanto, la física del no equilibrio— a analizar las limitaciones de la física clásica newtoniana, caracterizada por la equivalencia entre pasado y futuro, el determinismo y la causalidad lineal, y al hacerlo propone el análisis, no desde un sistema, sino desde los sistemas dinámicos inestables. Esto es, desde los sistemas alejados del equilibrio. Y en este punto se discute el privilegio que la ciencia clásica les otorgó al orden, a la estabilidad y a la certidumbre y presenta el papel fundamental de las fluctuaciones, la inestabilidad y la incertidumbre para el análisis de los sistemas complejos.[12]

Esta discusión, que a primera vista es de la física, cobra relevancia porque en el marco de las ciencias sociales y de la ciencia política, ha predominado una lectura del sistema o de los sistemas desde la visión clásica newtoniana y con ello ha generado una visión de sistema eminentemente antropocéntrica y, por lo tanto, escindida del entorno, que en el marco de los sistemas políticos llevó a la obsesión por el orden, la homeostasis, la normalización y la exclusión de la diferencia. Desde el punto de vista de la termodinámica clásica, la entropía conlleva la muerte y la exclusión de la posibilidad del desorden y no equilibrio como escenario de generación de vida; entre tanto, desde el punto de vista de la entropía en la termodinámica del no equilibrio, la entropía suma y no resta. Esta es la entropía del pensamiento complejo.

De este modo, así como en física se presenta la paradoja del tiempo, en ciencias sociales también se presenta en los siguiente términos, tal y como lo plantea Prigogine: “Democracia y ciencia moderna son ambas herederas de la misma historia pero esa historia llevaría a una contradicción, si las ciencias hicieran triunfar una concepción determinista de la naturaleza cuando la democracia encarna el ideal de la sociedad libre” (2001: 12).

Desde esta óptica, el ECI en el que se encuentra la política pública de desplazamiento forzado en Colombia es sencillamente una fluctuación en medio de la cual orden y desorden dialogan para generar procesos de autoecoorganización que permitan generar una política de vida para las víctimas y no una política de muerte. En este punto se presenta la disyunción entre la biopolítica, en el sentido clásico foucultiano, y la biopolítica, entendida como política de la vida, cuestión que no es nada sencilla de abordar, por cuanto estamos hablando de un fenómeno que, en esencia, es biopolítico por el control del cuerpo, la vida y el territorio que ejercen los actores armados sobre las víctimas, y de una política de atención que es sistémica y que pretende devolver a las víctimas a sus condiciones iniciales, descuidando las implicaciones del concepto de irreversibilidad de los fenómenos de complejidad creciente.

Sin embargo, se recurre a pensar desde la complejidad elementos que podrían integrar una concepción de biopolítica, en su acepción positiva, para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. Elementos como la concepción de democracia como ética social y el papel de la sociedad civil en la defensa y reclamación de los derechos humanos. En suma, lo que me propongo implica mostrar dos estadios de análisis: un análisis diagnóstico del actual sistema de atención a población desplazada desde el marco conceptual sistémico de la ciencia política y un análisis prospectivo del sistema, pero ahora desde el marco conceptual de las ciencias de la complejidad o el pensamiento complejo.[13]

[1] Véase anexo 1: Países con población desplazada según ACNUR.

[2] Véase anexo 2: Cifras de población desplazada con corte a 31 de marzo del 2011. Consultado en junio del 2011 en la página oficial de Acción Social.

[3] Si bien es cierto que en el contexto de la política de seguridad democrática se da la liberación de algunos secuestrados; se realizan operaciones exitosas desde el punto de vista militar como la operaciones Jaque, Fénix y Fuerte, y se afecta al secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la muerte de Raúl Reyes e Iván Ríos, esta política ha sido insuficiente ante la emergencia de nuevas formas de violencia, aun más complejas y difíciles de atacar, como las bandas criminales y la situación de rearme paramilitar: “La reorganización y rearme paramilitar se explica por diversas razones: los grupos como el que lidera Cuchillo en el sur-oriente que nunca se desmovilizaron, 2) integrantes de grupos paramilitares desmovilizados que siguen delinquiendo con nuevas modalidades operativas, 3) nuevos grupos que han surgido como resultado de un agresivo proceso de reclutamiento especialmente en zonas urbanas. Según el observatorio de derechos humanos de la Vicepresidencia en 2009 se perpetró [sic] 29 masacres en el país con un saldo de 147 víctimas y el reporte oficial atribuye a desconocidos la responsabilidad de 25 de estas masacres y a la guerrilla las tres restantes” (CODHES, 2010: 5, 6.).

[4] La cifra de muertos por las lluvias, intensificadas por el fenómeno de “La Niña” y que afectan al país desde hace un año, se elevó a 464, mientras que los damnificados casi alcanzan los 3,5 millones de personas, revelaron hoy las autoridades. El último balance fue presentado por la Dirección de Gestión del Riesgo (DGR); el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y la Policía de Carreteras. Las precipitaciones han afectado desde abril del 2010 a un total de 1.030 de los 1.120 municipios del país ubicados en los 32 departamentos colombianos. De acuerdo con estos últimos datos oficiales, un total de 3.480.451 personas, pertenecientes a 810.238 familias, han resultado afectadas por las lluvias e inundaciones, que, además, han dejado 556 heridos y otras 79 personas están dadas por desaparecidas. Las intensas precipitaciones han anegado asimismo más de 1,2 millones de hectáreas de cultivos, destruido decenas de carreteras y puentes, así como acueductos, escuelas, edificaciones públicas y casi 13.500 viviendas en todo el país, mientras cerca de medio millón más de casas han resultado dañadas. Decenas de ríos han salido de su cauce y miles de cabezas de ganado y más de medio millón de aves de corral se han ahogado, según las autoridades (Colmundo radio, 26 mayo de 2011).

[5] El concepto de emergencia política compleja (actualmente es más habitual el de emergencia compleja; a veces se utiliza también el de emergencia humanitaria compleja) fue acuñado a finales de los años ochenta por las Naciones Unidas para describir el carácter diferenciado de las grandes crisis que han proliferado desde entonces, durante la pos-Guerra Fría. Surgido inicialmente en referencia a los casos de Mozambique y Sudán, pronto se expandió debido a la proliferación de conflictos civiles y de operaciones de paz durante los años noventa, así como gracias a la creación del Departamento de Asuntos Humanitarios, en 1992 (Munslow y Brown, 1999: 209). Como señalan Paul (1999: 1) y otros autores, el concepto no deja de ser un eufemismo para referirse a lo que, en realidad, es una violación masiva y deliberada de los derechos humanos. Tomado de Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo (Pérez de Armiño, 2010).

[6] El bloqueo institucional del SNAIPD es el concepto que sintetiza las fallas sistémicas del SNAIPD, las cuales impiden el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

[7] Sobre este tema, este texto recoge y se suma a la perspectiva de Cesar Rodríguez, según la cual: “Frente a las críticas, según las cuales el activismo judicial invade las competencias de los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo que son elegidos popularmente —y por lo tanto resulta injustificado en una democracia— señalamos casos frecuentes en los que las burocracias y los sistemas políticos de las democracias contemporáneas entran en situaciones de estancamiento estructural que frustran la realización de los derechos constitucionales. En esas circunstancias de bloqueo institucional —que derivan en profundas deficiencias, o incluso, en la inexistencia de políticas públicas para atender problemas sociales urgentes—, afirmamos que las cortes son la instancia adecuada para desestancar el funcionamiento del Estado y promover la protección de los derechos” (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010: 17).

[8] Véase anexo 3: Ciudades receptoras de población desplazada según el observatorio de CODHES. Es necesario precisar que estas ciudades no solamente son receptoras. En el interior de ellas también existe desplazamiento intraurbano: “El 3 de marzo de 2004 la Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil, como consecuencia del conflicto armado emitió el informe de riesgo N. 1304, en el cual alertó sobre la grave situación de derechos humanos en diez barrios de la localidad de Ciudad Bolívar: Caracolí, El Paraíso, Los Alpes, Perdomo Alto, Potosí, Santo Domingo, Santa Bibiana, Sierra Morena, Tres Esquinas y Vista Hermosa. El informe señala también que existe un inminente riesgo de desplazamiento intraurbano de jóvenes como consecuencia del accionar de los grupos de autodefensa y milicias. Uno de los elementos que generó el seguimiento en esa zona fue el aumento de un 50% en las muertes violentas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2004, con respecto al mismo periodo en 2003. Con base en este mismo informe, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas emitió una alerta en abril de 2004, con el fin de que se adoptarán medidas para prevenir los riesgos evaluados por la Defensoría del Pueblo” (Defensoría del Pueblo, ACNUR y Unión Europea, 2004: 62).

[9] Con corte a 30 de septiembre del 2010, Bogotá alberga a 292.746 personas desplazadas.

[10] Adicionalmente, en dicho informe el Gobierno nacional, además de considerar que se debe levantar el ECI, ha esgrimido una serie de argumentos que cuestionan las facultades de la Corte p6ara dicha declaratoria. Por un lado, que no existe una norma o ley que explicite esa facultad de la Corte; por el otro, asocia o relaciona directamente los estados de excepción con los estados de inconstitucionalidad. Ante estos planteamientos, la Comisión de Seguimiento de la Política Pública emitió un último informe en julio del 2010, donde se expone la raíz constitucional que fundamenta a la Corte para poder emitir dicha declaratoria, en virtud de la protección de los derechos humanos de las víctimas y expone razones jurídicas por las cuales no es posible homologar el estado de excepción al estado de inconstitucionalidad. Así mismo, pone de manifiesto que el levantamiento de esta declaratoria sólo se puede realizar una vez se compruebe que las víctimas gozan efectivamente de sus derechos, y para ello se requiere el cumplimiento de los indicadores de goce efectivo de derechos.

[11] Se creó en el 2005 con la participación del CODHES, la Corporación Viva la Ciudadanía, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el plan internacional y personalidades de la vida nacional. En virtud de los primeros autos de la Corte (109 y 233 del 2007) donde se solicitaba la adopción de una batería de indicadores para la medición del goce efectivo de los derechos y luego de un ejercicio de verificación, consolidación y aprobación de esta batería, en la cual participaron en su construcción las entidades del sistema y la misma Comisión, la Corte Constitucional encargó a la Comisión de Seguimiento realizar una labor de verificación, consistente en constatar en terreno si la información recolectada para la aplicación de tales indicadores era o no adecuada (I informe Comisión de seguimiento a la política pública de desplazamiento forzado, 2008:15).

[12] “Es sabido que la física newtoniana fue destronada en el siglo XX por la mecánica cuántica y la relatividad. Pero los rasgos fundamentales de la ley de Newton —su determinismo y simetría temporal— sobrevivieron. Por supuesto que la mecánica cuántica no describe ya trayectorias sino funciones de onda, pero su ecuación de base, la ecuación de Schrödinger, también es determinista y de tiempo reversible” (Prigogine, 2001: 19).

[13] Esta pretensión necesariamente pasa por delinear, aunque no de manera profunda porque sobrepasa los intereses planteados, un tránsito de paradigma del conocimiento desde la tradición moderna occidental a las ciencias de la complejidad con fundamentos bastante diferentes.