DESPLAZAMIENTO FORZADO: ESTRATEGIA BIOPOLÍTICA DE LA GUERRA

Lizbeth Alpargatero Ulloa

Mg. Estudios Políticos

22 de agosto de 2008

Abstract

Desplazamiento forzado estrategia biopolítica de la guerra; biopoder de los actores armados sobre la población, geopolítica de la guerra; sociopatías relacionadas con el desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado como problema polinomial del Estado. Política de Eu praxen: eliminación de las causas del desplazamiento

El desplazamiento forzado en el país tiene al menos dos perspectivas de análisis complejo: Por un lado, el desplazamiento es una estrategia biopolítica de guerra y por el otro es un problema polinomial para el Estado. Dichas perspectivas de análisis se abordan a continuación a partir de un enfoque crítico de lo que hasta el momento ha venido siendo el “tratamiento médico” del desplazamiento forzado por parte del Estado, el cual se considera no solamente insuficiente sino generador de otros problemas de complejidad creciente.

Desplazamiento forzado: estrategia Biopolítica¹ de la guerra:

Desde el inicio del conflicto armado, sus actores consideraron a la población civil, mayoritariamente campesina, indígena y afrocolombiana y al ámbito geográfico donde se asentaban, como objetivos prioritarios, sin cuya captación o control sería imposible el triunfo militar.

El desplazamiento interno de la población civil se constituye en una estrategia biopolítica de control poblacional y territorial que se expresa en:

1. Bipoder de los actores armados sobre la población: La coacción para el ingreso a alguno de los bandos en conflicto (las fuerzas del Estado, las fuerzas subversivas, o las fuerzas paramilitares).

2. Geopolítica de la guerra: La coacción para entregar territorios geoestratégicos que conlleven a la consecución de los fines de la guerra y de su financiación. Tras la violencia en algunas partes están megaproyectos, extracción de madera y recursos mineros que también están contribuyendo al ecocidio.²

En el primer caso las personas se ven abocadas a aceptar la militarización de su vida cotidiana y en el segundo caso se ven abocadas al desarraigo, a la pérdida de su relación social, cultural y ambiental con el territorio y su comunidad.

Las estrategias de control que son utilizadas hoy en día por actores armados son las mismas que el Estado desde su configuración como Estado moderno ha utilizado dando lugar a lo que Foucault denomina una “estatización de lo biológico”: poder que sobre el hombre se ejerce en tanto ser viviente.

La diferencia entre las estrategias estatales y paraestatales radica en los conceptos de legalidad e ilegalidad, legitimidad e ilegitimidad que sustentan la definición de Estado desde el derecho y la sociología. En otras palabras, el Estado por definición se concibe como un fin en sí mismo, como un aparato contenedor dentro del cual todo es posible (esfera de la legalidad) y fuera del cual nada es posible (ilegalidad). De manera que para el Estado la estatización de lo biológico es una estrategia legal cuyo uso es monopólico por definición y todo otro actor que pretenda utilizarlo es enemigo y por tanto sujeto de control, regularización y por esta vía aniquilación y desaparición.

En ese contexto la guerra contra el enemigo, se hace legítima y por extensión, la guerra que el enemigo dirige hacia el Estado es ilegítima. Sin querer ahondar demasiado, lo cierto es que estos conceptos son los que configuran un tipo de biopoder y más aún un tipo de política caracterizada por una construcción mecanicista de la vida en donde la subordinación, la negación de la diferencia y la violencia son los cimientos del Estado.

La tecnología del poder sobre la vida, posible mediante los métodos disciplinarios y regularizadores, es utilizada también por los actores armados organizados retándole al Estado su poder monopólico sobre los mismos. En consecuencia la manipulación al individuo, a la población y al territorio tiene como fin su moldeamiento como fuerzas útiles y dóciles a la vez. El desplazamiento forzado en ese sentido es una estrategia de control útil y dócil a la guerra.

Ahora bien, la dominación y la totalización ya no son exclusivas del Estado. Las fuerzas contra -estatales y para-estatales lo asumen también como propias y generan dinámicas de violencia sistemática y degradada en donde la población civil inerme es gravemente afectada. Lo anterior, porque la vida de campesinos, indígenas y negros se encuentran en constante riesgo, sufren violaciones a sus derechos humanos y son obligados por fuerzas legales e ilegales a desterritorializar para contribuir con causas militares y políticas no necesariamente compartidas, ni consentidas.

Por su parte, el territorio y el medio ambiente se ven agotados por prácticas de extracción por los diferentes grupos, que aunque se hagan desde los actores subversivos (quienes aparentemente combaten el capitalismo) no escapan a dinámicas de producción y acumulación eminentemente capitalista, ahora desde la producción de la Coca, su procesamiento y comercialización atentando contra la sostenibilidad del medio ambiente y de la vida misma.

El Estado que actualmente en lo teórico y discursivo es un Estado Social de Derecho, en la práctica funciona eminentemente como un Estado de derecho, en el cual la vida y el cuidado de ella, no son fines primordiales; por cuanto el Estado sólo se conoce y se sabe así mismo. Desde esta óptica, el principal agente violador de los derechos humanos es por definición es el Estado dado que su fin consiste en acabar a su enemigo, en eliminarlo, creyendo liberar a su pueblo de una plaga que paradójicamente utiliza sus mismos mecanismos y tecnologías de poder desde la “ilegalidad”.

Desde tal moralismo político maniqueo se pretende respetar los derechos humanos, pero en realidad sus acciones no llevan más que al desconocimiento de la vida y a su aniquilación. En consecuencia y reafirmando lo dicho el Estado es el principal agente violador de los derechos humanos en tanto que el fundamento de los demás derechos es la vida misma y desde el concepto de biopoder la administración de la vida y la muerte es lo que tiene relevancia.³

Dicho lo anterior, el Estado colombiano se encuentra soportando unas sociopatías las cuales demuestran que el problema de la guerra y la violencia no se resuelven fortaleciendo aun más el concepto de Estado de derecho, por cuanto el mismo es de entrada una enfermedad, por lo tanto ella misma no puede ser su propia solución.

Formas de sociopatías⁴:

Las acciones u omisiones por parte del Estado (fuerzas de seguridad, organismos de control, supervisión y administración de justicia, organos legislativo y ejecutivo, etc., así como sencillamente el trabajo cotidiano de los funcionarios de la administración pública.

Acciones de parte de organizaciones paraestatales, de la delincuencia común y de sectores militaristas en general con políticas y planes diversos –llamados de tipo A y B o para cada acción en particular- que se traducen en la amenaza y la destrucción de la vida, de la vida humana, pero también de la vida en general. (las aguas, la fauna la flora.

Las políticas de algunos gobiernos extranjeros que con el apoyo de fumigaciones químicas atentan contra amplios sectores humanos produciendo deformaciones genéticas, pero también contra la fauna y la flora…

En ese orden de ideas el desplazamiento forzado es para los diferentes actores armados una estrategia de biopoder que confina, desplaza, controla, regulariza y administra según sus fines militares y geopolíticos. Para ninguno de los actores existen fines loables que trasciendan el biopoder al que Estado ya nos tenía acostumbrados desde su creación.

Desplazamiento Forzado: Problema polinomial para el Estado

La vida desde la Biopolítica y no desde el biopoder es un concepto amplio y no escindido del conjunto de relaciones complejas y dinámicas entre el hombre, la naturaleza y el territorio. El desplazamiento forzado, más allá de una definición jurídica es para la población la ruptura abrupta e irreversible de dichas relaciones. Sin embargo, la respuesta del Estado a esta situación se ha dado desde una “Política Medicalizada para la Atención a la población desplazada”.

Es decir, el problema del desplazamiento forzado abordado tal y como lo aborda la ley 387 de 1997, el decreto 250 de 2005 y demás decretos reglamentarios, se realiza como un problema de Politiké⁵ y no de Politeia; no en vano le denominan la Política Pública de atención al desplazado; en otras palabras, le otorgan un carácter polinomial. Se pretende darle solución al desplazamiento forzado descomponiendo y segmentando el problema de la atención del Estado. Desde esta lógica se concibió el problema de la atención como un problema de las siguientes fases a saber: Prevención y protección, Atención Humanitaria de Emergencia y Estabilización socioeconómica.

Se partió del presupuesto de que con el tránsito de la población por cada una de las fases de atención se lograría la superación de la situación. Pero en realidad toda la normatividad que hasta la fecha se ha producido no ha tenido en cuenta la solución a las causas estructurales del desplazamiento forzado. Por consiguiente es posible afirmar que la respuesta al problema del desplazamiento forzado se realiza a partir de una política medicalizada de la atención con un énfasis eminentemente curativo y no preventivo y a partir de análisis anacrónicos.

Lo anterior se comprueba en el hecho que desde que se creó la ley en al año 1997 hasta la fecha no se conoce ningún caso de personas desplazadas que hayan superado la situación del desplazamiento forzado. Al contrario la violación sistemática a sus derechos fundamentales luego del desplazamiento llevó a que en el año 2004, la Corte Constitucional mediante sentencia T-025⁶ declarara un Estado de Cosas inconstitucional -ECI-. Hoy en día el ECI no se ha superado y justamente, en el período en el cual aparentemente se han presentado los mayores logros desde el punto de vista militar de la política de seguridad democrática (Que claramente se enmarca en el biopoder que estructura el Estado de Derecho), las cifras de desplazamiento forzado son por decir lo menos, escandalosas.

Según el informe presentado por el ACNUR el pasado 17 de junio del 2008, en el mundo hay once millones de refugiados por fuera de sus países y 26 millones de desplazados internos por causa de conflictos o persecución. Colombia, de acuerdo con el informe citado, ocupa el tercer lugar (552.000 refugiados en el exterior), después de Afganistán (tres millones) y de Irak (dos millones). En desplazamiento forzoso interno ocupa el primer lugar, con tres millones de nacionales desplazados, a Colombia le sigue Irak, con dos millones cuatrocientos mil, y la República Democrática del Congo, con un millón trescientos mil desplazados internos.⁷

Por su parte, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES, registra que durante el primer trimestre de 2008⁸, con ocasión del conflicto armado interno, fueron desplazadas 113.473 personas (recepción), 17.817 personas más con relación al primer trimestre de 2007 (191.313 personas aproximadamente), lo que representa un incremento del 18%. El país no registraba una cifra tan alta para un trimestre desde 1999. Esto significa que en los primeros tres meses del año un promedio de 1.256 personas por día fueron desplazadas en flujos migratorios forzados que llegaron a 510 municipios de 32 departamentos del país.⁹

Con corte a 30 de junio de 2008 Acción Social mediante su registro reporta que se han desplazado 581.928 hogares es decir 2.577.402 personas.¹⁰. Como se observa en las estadísticas de Acción Social cada vez más nos acercamos a los tres millones de personas desplazadas que reporta CODHES y ACNUR, aun cuando los Sistemas de Información son diferentes las cifras de cada una de las partes resulta alarmante¹¹. Bogotá sigue uno de los principales receptores de población desplazada. Para el caso de Bogotá han quedado registrados 56.764 hogares lo que corresponde a 216.043 personas según las estadísticas de Acción Social con corte a 30 de junio.

Este breve diagnóstico a partir de cifras devela en alguna medida la gravedad del problema. Pero lo cierto es que las cifras en sí mismas no explican el drama humano por el cual atraviesan las personas una vez llegan a mega ciudades como Bogotá.

La politiké de atención al desplazamiento forzado, transfirió la carga de la demostración al individuo, pero paradójicamente lo denomina sujeto de derechos. Así como en las diferentes sociedades existía un tipo de ciudadano funcional al sistema político¹², actualmente el Estado de derecho crea el sujeto de derechos. Pues bien, el desplazado que llega a Bogotá, que muchas veces ni siquiera en sus territorios se relacionaban políticamente a partir del concepto de ciudadano sino a partir de otras categorías, empiezan a ser considerados y tratados como sujetos de derechos y deben aprender toda una técnica de la atención cuya complejidad de procesos y procedimientos desborda la capacidad de resiliencia del ciudadano.

En ese contexto, el ciudadano que aunque en términos legales es atendido como desplazado haciendo caso al principio de buena fe que yace en toda la legislación pero que en la técnica se contradice, debe demostrar que en efecto es desplazado por las razones de ley. El individuo es sometido a realizar trámites de vía gubernativa, en los casos en los que en primera instancia el Estado les ha negado su inscripción en el registro único de desplazados. Esta es una de las principales violaciones a los derechos humanos porque el Estado, que como se vio en el acápite anterior es actor armado que genera desplazamientos forzados, es el mismo que pide la carga de la demostración del hecho. Tal circunstancia devela la asimetría de las relaciones de poder con los ciudadanos. Este último es sujeto de derecho no por su valor intrínseco, sino por su capacidad de sujeción.

El desplazado además de demostrar su condición, con todo el efecto psicosocial que ello conlleva, debe asumirse como un sujeto dependiente de la asistencia. El Estado no solamente no fue capaz de garantizarle la protección de su vida en su lugar originario, sino que además, cuando busca protección en otros lugares encuentra una biopolítica de la desesperanza, del no futuro. Los obliga, no por la fuerza física sino por la fuerza de las circunstancias, a depender del presente¹³, de la asistencia no siempre resolutiva de la emergencia. No existen dinámicas de producción, empleabilidad estabilización que permitan a las personas garantizarse condiciones de vida dignas. Así las cosas, se enfrentan a contextos sociales en donde la estigmatización, la marginalización, la exclusión terminan siendo rutas de vida sin mayores opciones de trascendencia.

POLITICA DE LA VIDA: ELIMINACIÓN DE LAS CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO, APERTURA Y DIALOGOS DE LAS DIFERENCIAS.

“La política no es la búsqueda de un ideal y tampoco el estancamiento en la tradición. Es una actividad viva, adaptable, flexible y conciliadora. La política es la forma de gobierno de las sociedades libres. La política es política y las otras formas de gobierno son otra cosa.” (Crack; 2000;61)

Queda demostrado que el Estado se ha equivocado en la atención a los desplazados desde el enfoque técnico que ha utilizado. Por un lado, porque la población que viene siendo desplazada desde 1997 no ha superado su situación de desplazamiento, ha sufrido desplazamientos segundos y terceros e incluso intraurbanos, los ha victimizado doblemente al sujetarlos a la polítike del presente, es decir a la asistencia y a la dependencia. Por otro lado, porque las causas que originan el desplazamiento no han sido eliminadas, la política de seguridad democrática que aparentemente devolvería la paz a Colombia, profundizó el concepto de Estado de derecho, Estado contenedor, que sólo se sabe así mismo y por fuera del cual nada es posible. Los logros que se obtuvieron con la constitución del 91 en términos de la configuración de un Estado Social de derecho, han sido paulatinamente desmontados. Cada vez más el problema del desplazamiento es menos un problema del Estado nacional y más un problema de los gobiernos locales, que a su vez tienen menos transferencias de la nación, y afrontan problemáticas de pobreza estructural que degradan aun mas la vida de los que eufemísticamente se han denominado sujetos de derecho.

Ante este panorama, la propuesta es la biopolítica en la acepción positiva del término. La política como técnica o lo que se conoce como política pública no es mas que un pleonasmo. La realidad social del país requiere abordar las problemáticas no desde las consecuencias, sino de las causas, como problemas de complejidad creciente, es decir como problemas no polinomiales. Por lo tanto no es posible una política de la vida sin análisis diacrónicos, sin proyectar el presente y sin imaginar el futuro, claro está un futuro de esperanza de evolución de desarrollo social y no solamente de progreso económico. Sólo en esa medida es posible trascender a la POLITEIA, a la supresión de la violencia, y conseguir así no solamente el respeto a la vida, sino el respeto a una buena vida: Eu praxen; de la cual derivaran los demás derechos humanos a partir de una praxis del reconocimiento y la aceptación de la contradicción.

Los derechos humanos (= la vida) son algo que los seres humanos construyen mancomunadamente y en medio, justamente de diferencias, contradicciones y oposiciones y de acuerdos, al lado de acuerdos, pactos tratados, alianzas y cooperación. Esta construcción no es otra que la del mundo mismo –el mundo en sus múltiples y diferentes culturas. Comunidades historias en fin, con la diversidad cultural, al mismo tiempo y en paralelo, con la idea de proyectos integradores, globales unificantes.”(Maldonado; 2003;138)

BIBLIOGRAFÍA:

• Broswimmer, F. J., (2005). Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de las especies. Pamplona: Laetoli

• CEICON. Observatorio de los pueblos indígenas. Revista Etnias y Política diciembre de 2005.
• Crick, B., (2000). En defensa de la política. Barcelona: Tusquets

• Foucault, M., (2000). Defender la sociedad. México: F.C.E.

• _________(1990) Tecnologías del Yo. España. Paidos.

• Maldonado, C. E., (2003). Biopolítica de la guerra. Bogotá: Siglo del Hombre

• Villa,William; Houghton, Juan. (2005) Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 1974-2004. Centro de cooperación al indígena. Organización indígena de Antioquia. Bogotá

• www.codhes.org. Consultado el 14 de Julio de 2008. “Informe CODHES sobre desplazamiento 2008. ¿Cohesión o fragmentación social

• www.eltiempo.com. Refugiados y desplazados. Columna de opinión Enrique Santos Molano. Consultado el 14 de Julio de 2008

• www.accionsocial.gov.co./Estadisticas/publicacion%20junio%2030%20de%202008.htm El día 14 de julio de 2008

1 “La política lo abarca todo. Pero desde un punto de vista muy singular. Los hombres y las cosas son contemplados desde sus relaciones: la coexistencia de los hombres en un territorio, sus relaciones de propiedad, lo que producen, lo que se intercambia sobre el mercado. También se interesa por la forma en que viven, por las enfermedades y los accidentes a los que se exponen.” (Foucault;1990; 131)

2 La geopolítica de la guerra ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y afro colombianas que en el marco de la estrategia de desterritorialización han tendido que abandonar su proyecto político alternativo de autonomía. A este respecto Villa y Hougthon afirman: a manera de tesis se puede enunciar que a la construcción de una territorialidad colectiva y de tipo étnico, tanto de origen indígena como afrocolombiano, que se venía fraguando a lo largo del pacífico, se opone la territorialidad de corte privado que se sustenta en la militarización con base en fuerzas paraestatales o en su defecto la territorialidad construida como expresión contra estatal, de tipo insurgente, pero que igualmente evoluciona, en función de ejercer control de territorios asociados a la comercialización de coca o de corredores para el abastecimiento militar, o de áreas estratégicas en el proyecto de dominio territorial del que participan los diferentes actores. (Villa y Houghton; 2005, 137)

3 Al respecto Foucault sostiene en la siguiente cita: “… Desde el punto de vista de la vida y la muerte, es neutro y corresponde simplemente a la decisión del soberano que el súbdito tenga derecho a estar vivo o, eventualmente, a estar muerto. En todo caso la vida o la muerte de los súbditos sólo se convierten en derechos por efecto de la voluntad soberana.” Foucault. Clase del 17 de Marzo de 1976

4 Tomado de Maldonado, Carlos. En Biopolítica de la Guerra. Siglo de hombres editores 2003

5 A ese respecto comparto la postura de Crik que sostiene: “En los regímenes políticos, quienes aplican el estilo de pensamiento tecnológico al ejercicio del gobierno pasan por alto los mecanismos políticos que hacen que algunas cosas se planteen como problemas y otras pasen inadvertidas y se consideren irrelevantes. La política define lo que los habitantes de un Estado consideran problemas que deben resolverse. Quizás algunos no tengan solución, pero es una desgracia que tantos expertos o técnicos a quienes se acude para intentar solucionar algunos de ellos crean conocer mejor las prioridades que deben concederse a esos intentos y sientan que la política obstaculiza, en lugar de despejar, el camino para que ellos puedan hacer uso de sus técnicas.” (Crik; 2000; 123)

6 Luego de esta sentencia se han proferido autos que la desarrollan y establecen tiempos perentorios para el cumplimiento de las órdenes de la sentencia. En el presente año se han expedido los siguientes autos de cumplimiento: auto 200 relativo al tema de seguridad y protección de lideres y personas amenazadas; auto 052 relativo a los deberes de los entes territoriales en la atención al desplazamiento forzado; auto 092 que establece la realización de 12 programas para mujeres desplazadas teniendo en cuenta su particular afectación. El auto 116 que establece los indicadores de goce efectivo de derechos. Adicionalmente, se expidió la ley 1192 de 2008 que declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de la población desplazada. Allí se establece con más fuerza la responsabilidad de los entes territoriales en la atención al desplazamiento en términos de coordinación, pre4supuestación, ejecución y al nivel nacional de otorga el papel de evaluador.

7 Tomado de www.eltiempo.com. Refugiados y desplazados. Columna de opinión Enrique Santos Molano. Consultado el 14 de Julio de 2008

8 Información tomada de www.codhes.org. Consultado el 14 de Julio de 2008. “Informe CODHES sobre desplazamiento 2008. ¿Cohesión o fragmentación social?

9 Este mismo sistema registra que los departamentos de mayor recepción de personas en situación de desplazamiento fueron: Antioquia (24.652), Bogotá (20.630), Arauca (7.874) y Meta (7.660), Bolívar (4793), Cauca (4092), Valle del Cauca (3696), Córdoba (3633). Alrededor de 27.216 personas se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen de manera masiva en 28 eventos de éxodo. Esto quiere decir que del total de personas desplazadas un 24% salieron de forma masiva. Los Departamentos afectados por desplazamientos masivos fueron: Antioquia con 6 éxodos, Arauca 4, Chocó 3, Nariño 3, Córdoba 2, Cauca 3 y Guaviare, Meta, Huila, Putumayo, Tolima, Vichada y Cesar con un evento respectivamente. Los hechos que provocaron el desplazamiento fueron principalmente las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito en el marco de operativos militares, el reclutamiento forzado, la instalación de minas, la presencia de grupos paramilitares en 17 departamentos del país, los intensos combates entre el Ejército y la guerrilla de las Farc que incluyen bombardeos y uso de armas de efectos indiscriminado, así como los enfrentamientos entre las Farc y el Eln en algunas regiones del país. Los Departamentos de mayor expulsión fueron: Vichada, Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Tolima, Caquetá, Magdalena, Valle del Cauca, Meta, Caldas y Nariño.

10 Información consultada en www.accionsocial.gov.co./Estadisticas/publicacion%20junio%2030%20de%202008.htm El día 14 de julio de 2008

11 Por parte de la cifras de Acción Social hay que decir que allí sólo queda registrado los hogares incluidos en el SIPOD, es decir aquellos que accedieron a la ruta de atención a partir de la declaración ante el Ministerio Público y que pudieron acceder a la ruta de vía gubernativa, en los casos en que en primera instancia fueron no incluidos.

12 Todas las culturas y todas las doctrinas de gobierno que las acompañan crean alguna imagen del tipo de ciudadano que más necesitan y valoran. El hombre de la polis griega tenía al héroe, el hombre de arete, el que actuaba con valentía y hablaba con prudencia en el ámbito público; el primer cristianismo tenía al santo hombre humilde, sufrido y espiritual. La cristiandad medieval tenía al caballero y al sacerdote, idealmente fundidos en el cruzado o el miembro de una orden de caballería. En la actualidad los ingleses están divididos en el gentleman y el hombre de negocios.. (Crick; 2000;106)

13 Es bastante inquietante cómo en los últimos tiempos cuando la población desplazada intenta organizarse y tomar vías de hecho para exigir derechos, el Estado termina curando aparentemente la enfermedad con la entrega de ayudas de emergencia, dejando sin solucionar los problemas estructurales de estabilización económica y de protección de los factores de desplazamiento que aun están en presentes en las ciudades y que los pueden llevar a segundos o terceros desplazamientos. En el caso del Gobierno nacional, la otra opción es la criminalización de la protesta.

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